Reporte por Cecilia Ananías y Karen Vergara, periodistas de ONG Amaranta.

Más de veinte días suman las movilizaciones en Chile, ante un Gobierno que se niega a escuchar y a dar respuestas. Su negación de la crisis ha quedado de manifiesto en entrevistas como la que dio el el presidente Sebastián Piñera el martes 5 de noviembre en  BBC Mundo. En esta instancia, no solo negó que Chile fuera el país más desigual de América Latina, sino que, además, defendió el uso del toque de queda y afirmó que las fuerzas policiales intentaban negociar antes de usar medidas represivas. Al ser confrontado por la periodista, quien dijo haber presenciado in situ las protestas y la violencia policial con los manifestantes pacíficos, el mandatario afirmó haber “estado allí”, marchando, haciendo vivo el recuerdo de distopías donde la información es tergiversada al antojo de quienes tienen el poder.

Dos días después de estas declaraciones, y haciendo caso omiso a las recomendaciones internacionales, Piñera anunció que se tramitaría en el Congreso una nueva agenda de seguridad. Asegurando que había escuchado «con atención y humildad las manifestaciones de los chilenos», agregando una batería de medidas que fortalecerían las fuerzas del orden para «combatir la delincuencia». Entre los componentes del proyecto, se contaban ley antisaqueos, ley antiencapuchados, persecución a quienes enciendan barricadas, aumento de la vigilancia aérea, persecución a «violentistas y vándalos», creación de una oficina de abogados específicos para perseguir los «desórdenes públicos»,  estatuto de protección a las fuerzas de orden y seguridad, creación de equipos especiales para mejorar la “prevención de los delitos» y modernización de la inteligencia policial; la misma que fue públicamente interpelada, luego de que se filtraran documentos mostrando que Carabineros vigila a activistas medioambientales, dirigentes sindicales y hasta agrupaciones feministas. Seguir leyendo →