Tercera semana de crisis en Chile: Nos quieren cerrar los ojos a balazos

Reporte por Cecilia Ananías y Karen Vergara, periodistas de ONG Amaranta.

Más de veinte días suman las movilizaciones en Chile, ante un Gobierno que se niega a escuchar y a dar respuestas. Su negación de la crisis ha quedado de manifiesto en entrevistas como la que dio el el presidente Sebastián Piñera el martes 5 de noviembre en  BBC Mundo. En esta instancia, no solo negó que Chile fuera el país más desigual de América Latina, sino que, además, defendió el uso del toque de queda y afirmó que las fuerzas policiales intentaban negociar antes de usar medidas represivas. Al ser confrontado por la periodista, quien dijo haber presenciado in situ las protestas y la violencia policial con los manifestantes pacíficos, el mandatario afirmó haber “estado allí”, marchando, haciendo vivo el recuerdo de distopías donde la información es tergiversada al antojo de quienes tienen el poder.

Dos días después de estas declaraciones, y haciendo caso omiso a las recomendaciones internacionales, Piñera anunció que se tramitaría en el Congreso una nueva agenda de seguridad. Asegurando que había escuchado “con atención y humildad las manifestaciones de los chilenos”, agregando una batería de medidas que fortalecerían las fuerzas del orden para “combatir la delincuencia”. Entre los componentes del proyecto, se contaban ley antisaqueos, ley antiencapuchados, persecución a quienes enciendan barricadas, aumento de la vigilancia aérea, persecución a “violentistas y vándalos”, creación de una oficina de abogados específicos para perseguir los “desórdenes públicos”,  estatuto de protección a las fuerzas de orden y seguridad, creación de equipos especiales para mejorar la “prevención de los delitos” y modernización de la inteligencia policial; la misma que fue públicamente interpelada, luego de que se filtraran documentos mostrando que Carabineros vigila a activistas medioambientales, dirigentes sindicales y hasta agrupaciones feministas.

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Ilustración de Álvaro Portales

Finalmente, se convocó al Consejo de Seguridad Nacional, organismo conocido por su origen dictatorial. Las declaraciones del presidente provocaron movilizaciones espontáneas y el rechazo de la población, la cual sigue movilizada a pesar de la angustia y la represión. En los discursos y declaraciones del Presidente no ha existido ninguna mención a las casi 200 personas que fueron mutiladas de un ojo por parte de la policía, hecho nunca antes visto en la historia mundial.

Con el anuncio de las medidas represivas, se declaró la guerra por segunda vez contra un pueblo que se manifiesta por las condiciones indignas de vida que tiene Chile en la actualidad, exigiendo también el cambio de la Constitución, la cual es considerada como la raíz de los problemas. Poco ha importado que UNICEF manifestara preocupación frente a la violencia policial hacia niños, niñas y adolescentes durante la crisis, luego de que la Fiscalía indicara que solo entre el 18 y 27 de octubre se interpusieron un total de 122 denuncias relativas a presuntas vulneraciones de los derechos de la infancia; ni tampoco que la comisión de la ONU en Chile rechazara la gran cantidad de muertos y heridos y el uso de perdigones y balines: la violencia policial ha recrudecido y no parece tener control o fin.

Esto, mientras los medios de comunicación más importantes del país se esfuerzan en hacer eco y apoyar a la agenda de “seguridad” anunciada desde el Gobierno y focalizan su cobertura en los heridos entre fuerzas policiales, daños a edificios y supermercados, pérdidas de empleos y la supuesta teoría de que la crisis se originó por intervención de gobiernos extranjeros, misma idea esparcida por el presidente y que este lunes 11 de noviembre volvió a ser desmentida por el fiscal regional de la zona oriente, Manuel Guerra.

De hecho, la segunda semana de noviembre inició con las cámaras de todos los medios se concentraron en mostrar una y otra vez las imágenes de dos carabineras que resultaron con quemaduras debido al lanzamiento de una supuesta bomba molotov. Desde las mismas fuerzas policiales entregaron y difundieron un video en HD de lo ocurrido, gracias a las cámaras que portan como parte de su equipo. Desde la sociedad civil inmediatamente se les interpeló, porque las imágenes parecen existir solo cuando hay alguien herido entre sus filas, pero no en los miles de casos de detenciones arbitrarias, violencias y muertes, siendo el caso más emblemático, el de César Mallea. Hasta el día de hoy, la justicia no ha contado con las imágenes de procedimientos policiales que han terminado con la vida de civiles durante estas semanas de estallido social.

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La muerte de Mallea aún no es considerada como perpetrada por agentes del Estado.

¿Quién era César Mallea? Un comerciante de 46 años que había salido a buscar a su hija, cuando fue detenido por romper el toque de queda y por supuestamente conducir en “estado de ebriedad” (cosa que su familia desmiente). Horas después de haber sido llevado a una celda, en el calabozo de la 56° Comisaría de Peñaflor, este “apareció” muerto y semicolgado. Desde Carabineros se declaró que se había tratado de un “suicidio” al interior del recinto y no fueron capaces de entregar las grabaciones al momento del hecho, aduciendo que “hubo un desperfecto en el sistema de seguridad”. Su hermana, Marusella Mallea, declaró que le mostraron dos videos: “uno en el que César entra al calabozo, se saca las zapatillas y se acuesta; luego otro, en que aparece mi hermano colgado en el calabozo, carabineros ingresando y descargándolo, y –aparentemente– prestándole primeros auxilios (…) la secuencia completa nunca nos la mostraron”. Esto fue posteriormente denunciado por Marusella ante la Comisión de Derechos Humanos en el Senado:

Este es solo uno de los cientos de casos que se han dado a conocer -mientras otros, aún no llegan a la luz pública-. Las violaciones contra los Derechos Humanos en Chile se acumulan a una velocidad tan vertiginosa, que cuesta llevar el registro. Como una forma de no olvidar los múltiples atropellos, es que escribimos este cuarto reporte como ONG Amaranta.

¿El derecho a protestar en paz?

Los “cuídate mucho” dichos por nuestros seres queridos apenas salimos por la puerta de la casa, parecen tener más sentido que nunca. Hasta el mediodía del lunes 11 de noviembre, ya se acumulan más de 2 mil personas heridas en hospitales, entre balas, perdigones, balines, golpes y gases. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ya suma casi 300 acciones judiciales presentadas, conformando el grueso las querellas por torturas y tratos crueles (192) y por violencia sexual (52). Además 198 personas han presentado lesiones oculares, las que están derivando en pérdida de la visión parcial o total de los y las afectadas.

El derecho a salir a protestar en Chile y volver a salvo no se está respetando y quienes continúan abarrotando las calles saben que su vida está en riesgo solo por levantar un letrero, hacer sonar unas cacerolas o hasta por pasar caminando por el lugar “incorrecto”. Esta semana, se dio a conocer el caso de un vendedor ambulante, Mauricio Jara (29), quien buscaba vender agua y bebidas cerca de las manifestaciones en Plaza Italia (Santiago), cuando sufrió una severa lesión craneal debido al impacto de una lacrimógena, disparada por efectivos policiales. Hasta hoy, se encuentra en coma y su hermana, Maricela Jara, declaró a 24 Horas: “los médicos me dicen que tiene que haber sido un impacto muy cerca de la lacrimógena, porque le rompió el cráneo”.

Otro hombre de 54 años, Jorge Trecanao, quedó también gravemente herido, tras ser atropellado por un zorrillo -carro lanza gases- de Fuerzas Especiales. Ese mismo martes, otro transeúnte fue atropellado por una radiopatrulla de Carabineros, mientras intentaba cruzar una intersección de Santiago centro; estos ni siquiera se detuvieron a prestar ayuda y posteriormente, testigos declararon que fuerzas policiales comenzaron a disparar en el sector. En Puente Alto, otro hombre caminaba rumbo a Fiscalía, con las manos en alto, cuando fue brutalmente golpeado por fuerzas policiales:

 

También en Santiago, las fotos de una joven baleada en sus piernas por fuerzas policiales,  identificada como Camila Miranda, estremecieron a todo el país:

El mismo día en que se anunciaba que se barajaba postergar la Teletón 2019 hasta abril, show televisivo conocido por reunir fondos para la rehabilitación física de personas, se registraba en video cómo Carabineros le quitaba la silla de ruedas a un hombre cerca del Costanera Center, por intentar evitar la detención de una pareja de jóvenes que protestaba pacíficamente. El hombre se encontraba en el lugar también manifestándose por las bajas pensiones, que en su caso rondan los 100 mil pesos (menos de 1/3 del sueldo mínimo), cuando ocurrió el ataque. Hecho que lo vulnera como persona, y demuestra la poca humanidad e intención de velar por los DDHH de las policías, frente a alguien que además tiene una discapacidad evidente.

Silla de ruedas

Los ataques y detenciones arbitrarias se repiten en distintas ciudades del país. En Talca, el vicesuperintendente de Bomberos de esta ciudad, Ariel Bravo, fue detenido por carabineros tras auxiliar a personas que estaban ahogadas con el gas disuasivo que usan las Fuerzas Especiales. “Hasta ese minuto tenía otro concepto de la policía y justificaba su actuar. Es más, creía que eran personas que tenían empatía con la gente en la calle, pero su único diálogo son los insultos, los garabatos, las lagrimógenas y la violencia”, declaró en una posterior entrevista a La Cuarta.

La represión policial alcanzó tales niveles, que el viernes 8 de noviembre, Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, disparando balines y lanzando bombas lacrimógenas al interior del recinto, poniendo en riesgo a los y las pacientes. “Adultos, niños sanos y enfermos y el personal hospitalario fueron violentados por esta irracional acción nunca antes vista en nuestro país”, declararon desde el Colegio Médico de Valparaíso, condenando lo ocurrido y exigiendo justicia.

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Foto de Víctor Bahamonde Brintrup, que da cuenta del desmedido uso de lacrimógenas por fuerzas policiales. Imagen tomada en la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia).

Mientras esto ocurría, los canales de noticias parecían estar más centrados en el incendio de un edificio patrimonial en medio de las manifestaciones, el cual pertenecía a un plantel privado, la Universidad Pedro de Valdivia. Coberturas periodísticas como esta siguen demostrando que las pérdidas materiales, están por encima de las vidas humanas.

ChalecosTristemente, la violencia no solo ha provenido por parte de Fuerzas Especiales, sino que también de grupos civiles conocidos como “los chalecos amarillos”. Se trata de personas que respondieron al llamado de ciertas autoridades a “detener la delincuencia”, “armarse” y “salvar al país”, criminalizando y poniendo en riesgo a manifestantes. Los y las integrantes de este movimiento, que se caracterizan por tener cierto poder económico y/o pertenecer a una ideología de ultra derecha, se han organizado para defender locales comerciales y atacar a protestantes. Son múltiples las denuncias de chalecos amarillos agrediendo con fierros y bates a quienes se manifiestan. Llama la atención el delicado trato que tienen las fuerzas policiales y autoridades con ellos, a pesar de que a muchos se les ha avistado portando pistolas.

La situación escaló hasta que este domingo, en medio de protestas pacíficas y populares en la famosa playa de Reñaca -un sector acomodado de Viña del Mar-, un chaleco amarillo comenzó disparar contra manifestantes, dejando a una persona herida:

 

El agresor fue identificado como John Cobin, un estadounidense que se define como “la persona más neoliberal de este país” -en una antigua entrevista concedida a The Clinic-, conservador, evangélico y que militó en la supremacista Liga del Sur en California. Este incluso grabó y subió un video aduciendo que disparó como autodefensa y afirmando que “temía por su vida”, aunque absolutamente ninguno de los y las manifestantes estaba armado. Fue detenido por fuerzas policiales poco después de grabar el video y subirlo a Youtube.

¿Los “niños primero”?

Quienes también se han convertido en blanco de ataques, han sido los mismos precursores del movimiento social en Chile: los y las estudiantes, muchos de ellos, aún menores de edad. Esta semana, varios establecimientos intentaron retomar las clases, forzando el retorno a “la normalidad”. En respuesta, los y las jóvenes se organizaron para marchar, protagonizar largas caminatas y actividades culturales en protesta.

La represión no se hizo de esperar: las alumnas del Liceo Teresa Prats (Liceo de Niñas N°7) de Santiago Centro acababan de realizar una asamblea, en la que se había votado la toma del establecimiento en protesta, cuando personal de Carabineros ingresó y disparó gases lacrimógenos y perdigones. Dos estudiantes acabaron con disparos de hasta 20 perdigones en las piernas:

“Fue desmedido, no se justifica en ningún momento. Esto es por culpa de la directora, que tomó medidas sumamente irresponsables. En qué cabeza cabe que dentro de un liceo se va a disparar a las alumnas, siendo que están en todo su derecho de manifestarse pacíficamente”, declaró Tania Parraguez, una de las alumnas del liceo. Aunque se denunció a la directora, Denise Berenguela, y al alcalde sostenedor, Felipe Alessandri, ninguno de los dos se ha dado por aludido.

En Chiguayante (Región del Biobío), los y las estudiantes también organizaron masivas marchas y asambleas, que tendieron y afianzaron redes entre distintos establecimientos de la comuna. Ante esto, fueron reprimidos con gases lacrimógenos y posteriormente, varios jóvenes detenidos fueron llevados hasta el Estadio de Chiguayante. Una escena que desató el terror, considerando el significado que tiene una detención en un estadio desde la Dictadura:

En el Weston Academy de Quilicura (Región Metropolitana), dos apoderados amedrentaron a los y las estudiantes que intentaban salir del establecimiento para unirse a las manifestaciones botando una reja. No solo les golpearon, sino que, además, amenazaron con una pistola. Quien portaba el arma, posteriormente se identificó como un carabinero de civil:

Mientras que en el Biobío, en Talcahuano, un joven de 16 años resultó herido con trauma ocular en su ojo derecho, tras ser impactado por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros, en medio de una manifestación en la ciudad puerto. El joven fue internado en el Hospital Regional de Concepción. Aunque desde Carabineros intentaron negar haber utilizado este tipo de elementos, Laura Letelier, profesora y presidenta de la Asociación de Profesores Municipales de Talcahuano, quien acompañó a la víctima en todo momento tras el hecho, señaló a los medios que no solo Carabineros disparó bombas lacrimógenas, sino que fueron muchísimas.

En Quilpué (Región de Valparaíso) siete menores de edad fueron obligados a desnudarse y agacharse ante efectivos policiales. Una madre de los afectados explicó a ADN Radio que los menores, al ver que comenzaban los incidentes, salieron arrancando de la marcha y ahí fue cuando Carabineros les detuvo de forma violenta y arbitraria. Según relató uno de los padres: “carabineros nunca les leyeron los derechos, fue un procedimiento irregular. Al momento de la detención los hicieron desnudarse completos”.

Un pre informe entregado a la ONU en Valparaíso, documenta cuán sistemáticas se han vuelto las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo al documento entregado por el municipio porteño, y a partir del trabajo en comisarías, desde el inicio del estallido se registró un total de 46 detenciones de menores en Valparaíso. De ellos, 21 han pasado o se encuentran siendo intervenidos por la Red Sename, vale decir el 45,6%. “Por ende, estamos frente a una nueva vulneración en sus cortas vidas, en manos del Estado”, señala el reporte elaborado además por diversas organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos.

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Ilustración de Dibuciérnaga

Según el documento, esta es una nueva prueba de “cómo el Estado ha promovido la violencia y la vulneración grave a los derechos humanos, sumando a la lista de este estallido social  la pasividad de los servicios que protegen y promueven “los niños primero” (slogan del gobierno), la agresividad física y psicológica de los agentes del estado y la falta de coordinación y de protagonismo  del Servicio Nacional de Menores (Sename), en el resguardo de la protección de lo consagrado en la Convención de los Derechos de los Niños”. Entre las vulneraciones, se contaban jóvenes baleados, golpes, rotura de dientes y hasta amenazas de aplicación de electro shock.

El legado de Pinochet sigue vivo

Uno de los tipos de querellas que han aumentado fuertemente estos últimos días, son aquellas que denuncian torturas y tratos crueles: en Antofagasta, un joven estudiante denunció haber sido detenido en la madrugada por Carabineros de civil. Al negarse a subirse a su camioneta, le dieron una descarga con una pistola eléctrica, para luego esposarlo y tapar su cara con una capucha. Tras unos treinta minutos de trayecto, fue llevado a una casa donde estaría funcionando un centro de detención y torturas ilegal, dado que escuchó los gritos de otras personas.

Como recoge el medio El Regionalista, ahí: “Durante varias horas sufrió golpes y un interrogatorio donde le preguntaban por las protestas y por los líderes o personas a cargo. Además, le preguntaban por los partidos políticos de los estudiantes que participaban”. Dentro de las torturas que recibió, le enterraron agujas debajo de las uñas y con un cuchillo le hicieron algunos cortes en su cara. Además, lo amenazaron de muerte: “¿Quieres que te tiremos a la caleta o te enterremos en el desierto?”. Finalmente, fue abandonado en la entrada de la ciudad de Antofagasta.

Este es solo uno de los múltiples casos que denuncian cómo las fuerzas policiales salen a detener sin uniforme ni vehículos oficiales de la institución, de manera de no ser identificados. El mismo general director de Carabineros, Mario Rozas admitió que esto estaba ocurriendo, luego de que se viralizara el video de la detención arbitraria de una persona en pleno centro de Santiago, la cual fue arrastrada a una camioneta. Consultado si la situación se ajustaba al protocolo policial, Rozas respondió que “por cierto. Está debidamente autorizado y está debidamente controlado por la jefatura correspondiente”. Luego, declaró estar en conocimiento solo del caso mencionado, aunque en redes sociales se acumulan decenas de videos similares. Esta práctica era comúnmente utilizada por agentes de inteligencia en Dictadura.

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Ilustración de Anemone

Ante lo ocurrido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) elaboró una cartilla que recuerda a los detenidos sus derechos en estas condiciones, entre los cuales se cuentan que el funcionario debe identificarse y que se le informen sus derechos; que se le comunique claramente el motivo de la detención; informar a alguien que está detenido o detenida; contar con asistencia jurídica y a no declarar sin presencia de un abogado. Más, rara vez esto ha sido respetado en las detenciones. Como relató una joven de Concepción, su prima casi fue detenida por Carabineros por vestir “ropa sospechosa”: un buzo con el que salía del gimnasio.

Mientras que en Quilpué (Región de Valparaíso), un hombre denunció haber sido golpeado tan brutalmente por Carabineros, se defecó, vomitó y debió enfrentar audiencia en el juzgado en pañales; los golpes ocurrieron tanto en su detención, como en el trayecto, lo que también le significó una herida en la retina de su ojo derecho. La Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó que “existen indicios suficientes para establecer que el amparado cuando ya se encontraba en calidad de detenido y por ende bajo la custodia policial, fue sometido a vulneraciones a su integridad física y psicológica”.

Otra forma de violencia que ha estado tristemente al alza y que recuerda los tiempos más oscuros de Chile, ha sido la violencia político-sexual. En cosa de días, las querellas del INDH por este tipo de violencia pasaron de 19 a 52 acciones judiciales. Desnudamientos forzados, tocaciones y agarrones durante las detenciones y otras formas de abuso y la violación, han sido armas que han utilizado las fuerzas policiales para violentar y amedrentar, principalmente a mujeres y a personas de la comunidad LGBTIQ+.

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A raíz de esto, se interpeló reiteradas veces a Isabel Plá, la Ministra de Mujer y Equidad de Género, quien brilló por su ausencia durante la primera semana del conflicto. Diez días después de decretado el Estado de Emergencia, cuando la cifra de de detenidos alcanzaba los 3.243 (de los cuales, 552 eran mujeres y 347, niños, niñas y adolescentes), Plá apareció afirmando: “No hemos recibido denuncias en el ministerio”. Su silencio y vaguedad permaneció hasta que las dos funcionarias de carabineros resultaron heridas. Ahí, apareció la ministra en todos los medios condenando enérgicamente el hecho,

Ante eso, la periodista Nicole Chiessa la interpeló: “¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Qué diferencia hay entre estas dos carabineras que lamentablemente resultaron heridas, y el resto de las mujeres que han visto vulnerados sus derechos? Ya que no me contestó dónde había estado, Ministra, ¿podría responderme por qué, pareciera que para usted, existimos mujeres de primera y de segunda categoría? ¿Por qué los derechos de unas valen 10 días de silencio, y las de otras una hora de rapidez y firmeza?“.

Tras masivos reclamos, SERNAMEG sacó un comunicado asegurando que “el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha reiterado su pleno compromiso con el respeto a los derechos fundamentales y, por esa razón, está respaldando y facilitando el trabajo de las instituciones responsables de acoger denuncias, investigar y representar ante la Justicia a quienes se hayan visto afectadas por la vulneración de derechos”, en referencia a que tenían un equipo para investigar violencia sexual. Sin embargo, la confianza en esta institución y en el Gobierno ya estaba completamente rota al momento del tibio anuncio. Tampoco hubo palabras de condena contra los agentes policiales que han incurrido en estos hechos:

Ni a balazos volvemos a cerrar los ojos

“No sé si ustedes han visto llorar por el único ojo que le queda a una persona que le ha estallado un globo ocular, llorar por el otro ojo, que también lo tiene dañado. Llorar sangre”. Así interpeló el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología (SOCHIOF), Dennis Cortés, a la Comisión de DDHH que se reunió en el Congreso hace unos días.

Las lesiones oculares que han sufrido los y las manifestantes han alcanzado tal magnitud, que han sido definidas como “una epidemia” e incluso, se habla de algo sin precedentes en el mundo:

“Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos -y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros- en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente mitad de ese número en dos semanas”, denunció Cortés.

Ilustración de Rockcio

Solo el sábado 9 de noviembre, el Colegio Médico de Chile ya informaba 200 pacientes con trauma ocular severo y esto solo en base al informe que entrega el Hospital del Salvador en Santiago. En gran medida, los afectados son hombres (alrededor de un 80%) y su edad promedio bordea los 30 años. De estos pacientes, un 30% pierde el ojo de manera definitiva.

Aunque los casos que se han dado a conocer son múltiples, probablemente el más emblemático es el de Gustavo Gatica: un estudiante de Psicología de 21 años, quien fue herido en ambos ojos por balines disparados por Carabineros. Perdió uno de ellos de manera inmediata, mientras que, intentan salvarle el segundo hasta ahora.

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Ilustración de la Colectiva Hartas

Como confirmó el Colegio Médico, a través de su presidente de Derechos Humanos, Enrique Morales, Gustavo es la primera persona que registra ambos ojos heridos por perdigones o balines. Fue tal la magnitud de la violencia en su caso, que familiares, amigos, amigas y compañeros de la víctima se reunieron a las afueras de la Clínica Santa María, donde está siendo tratado, para manifestarse y apoyarle. Inmediatamente, aparecieron Fuerzas Especiales de Carabineros a reprimirles:

A pesar de lo ocurrido, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, salió el domingo a respaldar completamente el uso de balines y perdigones por parte de Carabineros, afirmando que hacer cambios- como los exigidos por la ONU y organismos de DDHH, que llamaron al cese del uso de perdigones y balines por parte de la policía-, pueden terminar “en situación de violencia peor”. Blumel afirmó que “hay que ser cuidados en los cambios a los protocolos” de Carabineros, pues podrían derivar en “más violencia”.

Ese mismo día, el general Mario Rozas, apareció en pantalla declarando que se restringirá el uso de la escopeta anti disturbios a situaciones de “real peligro para Carabineros o ciudadanos”, dando a entender que hasta ahora se estaba utilizando de forma más amplia, para posteriormente agregar “también se va a emplear en todas aquellas situaciones en donde exista una amenaza cierta e inminente de ataque a la propiedad pública o privada”. En CNN Chile conversó con la periodista Mónica Rincón, señalando de forma escueta que frente al caso de Gustavo Gatica, ya tienen a los funcionarios que realizaron los disparos, y que lamenta lo ocurrido; “le envío mis saludos si es que los quiere aceptar”, indicó.

Más tarde, La Tercera publicó que el general Rozas envió un video a la dotación de Carabineros, asegurando que serán resguardados y que cuentan con el apoyo de la Institución frente a procesos judiciales que puedan llegar a enfrentar por violaciones a los Derechos Humanos, para luego agregar: “solamente reiterarles mi reconocimiento, mi gratitud por todo lo que están haciendo. Siento que lo estamos haciendo bien, que somos parte de la solución y que el orden y la seguridad se deben imponer. Y eso pasa por el trabajo de cada uno de ustedes, que yo valoro en toda su dimensión. Un afectuoso saludos para ustedes, sus familias, que son el paño de lágrimas en estos momentos, muy difíciles para nosotros. Desde quien les habla, hasta el último carabinero, nunca habíamos vivido una situación de esta naturaleza. Es el momento de estar unidos, estar cohesionados, en la medida que estemos unidos como ahora, créanme que va hacer muy difícil que nos hagan daño. ¿Cual es la mejor carta de presentación? El trabajo bien hecho, de esta forma vamos a seguir avanzando y saliendo adelante”.

Seguimos resistiendo

A pesar de las múltiples violencias y de su negación por parte del Gobierno, la gente sigue resistiendo y manifestándose en las calles, al punto de que se llamó a Huelga Nacional para este martes 12 de noviembre.

Entre la brutalidad de las fuerzas policiales, también es posible ver postales conmovedoras, como estos profesores y profesoras del Liceo Manuel Salas, quienes formaron una cadena humana para proteger a sus estudiantes. El hecho ocurrió un día después de que estos agentes del Estado ingresaran al establecimiento a atacar a los y las jóvenes:

Como una forma de pasarla bien en medio de las protestas, las personas invitan a bailar a  conductores que acaban en medio de las manifestaciones. “El que baila, pasa”, es el consigna:

En Concepción, más de 800 personas con poleras blancas se agruparon para formar un “Piñera Renuncia” que se podía avistar desde el aire, en medio de los pastos de la Universidad de Concepción:

Durante el domingo, decenas de personas se agolparon en la playa del acomodado sector de Reñaca, para manifestarse, bailar y cantar cumbias  -aunque posteriormente, el evento se vio empañado por el accionar del supremacista blanco, John Cobin, y por la represión de la policía-:

También en Concepción, se organizó una marcha que reunió a personas de distintas ciudades de la intercomuna en el centro del Puente Llacolén:

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Este lunes, Patricia Muñoz, de la Defensoría de la Niñez, interpeló al Estado chileno en la sesión en Quito del CIDH, encarándolos por poner los daños materiales por sobre la violencia contra las personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes: “Como Defensora de la Niñez, puedo sostener responsablemente que existen antecedentes calificados para sostener que en Chile se han violado grave, sistemática y generalmente los derechos humanos”, declaró en su exposición.

Además, se anunció recientemente que organizaciones de derechos humanos pusieron en marcha una misión internacional que buscará constatar la vulneración a los derechos en Chile. La misión se verá conformada, entre varias organizaciones, por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

La violencia, más que desincentivar las protestas, solo ha logrado que la gente se una, en un país que se destacó por años por lo roto de su tejido social y la desconfianza que nos habían enseñado a tener entre unos y otros. Escenas como esta, reflejan la solidaridad con la que chilenos y chilenas le están haciendo frente a un Estado policial:

Las manifestaciones siguen, y además del llamado a huelga general, este jueves se cumple un año desde el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, a manos del personal de fuerzas especiales de Carabineros. Al joven se le intentaba incriminar de un robo, siendo asesinado de un disparo en la cabeza, mientras conducía un tractor; en un caso que demostró el intento de la policía y el ministerio del Interior por ocultar la negligencia y violaciones a los Derechos Humanos que encierran su muerte.

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