Declaración de Amaranta ONG respecto de la situación de SENAME, Nido de Hualpén

Como Amaranta ONG manifestamos nuestro total repudio a los hechos de violencia sexual perpetrados al interior de la residencia colaboradora de Sename, Nido Hualpén, perteneciente a la Fundación Padre Luis Amigó, en contra de dos niñxs. Hechos que, por lo que se ha reportado por diversos medios, venían ocurriendo de manera sistemática y bajo la aquiescencia de su directora la Sra Evelyn Oñate y el silencio cómplice de dos educadoras de trato directo. 

El Estado de Chile, hace más de 30 años ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, comprometiéndose a adecuar su legislación, políticas públicas y programas nacionales a los estándares establecidos en ella. A pesar de que durante décadas los diferentes gobiernos han llevado a cabo una serie de reformas para avanzar hacia la protección de la infancia y juventudes, lamentablemente, no se ha tenido los mejores resultados, de hecho, en nuestra legislación se encuentra vigente la Ley de Menores de 1967, la cual no se encuentra en sintonía con los parámetros internacionales mínimos. Sumado a ello, Chile, es el único país de Latinoamérica, que no cuenta con una Ley Integral de Protección para niños, niñas y jóvenes (NNJ) que los y las considere como sujetos de derechos y no objetos de derecho, lo que da cuenta, de la profunda indiferencia para trabajar en su bienestar.

adorable-blur-bubble-child-218833Históricamente se han documentado y denunciado las abominaciones que han ocurrido al interior de los centros de Sename y sus organismos colaboradores, no olvidemos que, en el año 2013, Ciper Chile dio a conocer un informe realizado por el Poder Judicial, que reveló que el 25% de los niñas y las niñas que viven dentro de estas casas sociales, no contaban con los estándares básicos en el área educacional, atención en salud, ni mucho menos lazos familiares establecidos. Desafortunadamente, con los años, esta situación se ha ido profundizando, muchos y muchas podemos recordar la muerte de la pequeña Lissette Villa en el año 2016 dentro del centro Cread Galvarino (Santiago), lo cual volvió a encender las alertas sobre lo que sucede cotidianamente dentro de la Red Sename.

Por estos motivos, organismos como la ONU, se han visto en la obligación de levantar un informe en julio de 2018, el que evidencia las violaciones de derechos sistemáticas, constatando graves deficiencias en infraestructura, salubridad, educación y nulos controles por parte del Estado de Chile, acusando categóricamente a este de violar los derechos humanos de dichos niños y niñas.

Este crítico escenario tiene estrecha relación con los hechos atroces ocurridos en la residencia Nido de Hualpén, evidenciando nuevamente la necesidad urgente de contar con una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez, como también, nos interpela como sociedad a cuestionarnos sobre la responsabilidad del Estado de Chile y los diferentes servicios y organismos gubernamentales encargados de trabajar por las garantías de nuestros NNJ y, por sobre todo, por el rol protagonista de la Red Sename en la violación sostenida de sus derechos humanos.

La comunidad nacional y local, ha mostrado su descontento frente a esta grave vulneración, es por ello, que consideramos que el Estado como garante de los derechos humanos, debe responder a dicha exigencia tomando un lugar activo en defender dichas garantías, lo cual implica que desarrolle una labor de prevención de hechos de violencia como los acaecidos como también, la aplicación categórica de sanciones que correspondan para garantizar su no repetición.

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Por eso, ante la negligencia estatal, es nuestro deber como integrantes de la sociedad civil y actoras en defensa de los derechos de la infancia y juventudes, el insistir y demandar la protección hacia aquellxs que históricamente han sufrido la violencia estructural y la lógica adultocéntrica que impera en nuestra sociedad y se ponga fin a todo tipo de abuso.

Creemos firmemente en una sociedad distinta, sin violencias ni discriminaciones, por lo que la protección y la lucha por los derechos de la niñez, es una tarea de toda la comunidad y sus organizaciones. Para ello, exigimos una reestructuración radical a la Red Sename y todos sus organismos colaboradores, que exista una rigurosa fiscalización por parte del Estado de Chile asegurando el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña ratificada por Chile, que la Ley Integral de Protección de los Derechos de NNJ sea aprobada, como también,  que se  garantice la protección de los lazos, afectos y vínculos familiares sostenidos como pilar fundamental, en donde la decisión de separar al niño o niña de su núcleo familiar por parte del sistema judicial sea realmente fundada y necesaria, pensando y resguardando siempre el interés superior del NNJ.

En paralelo, es urgente que reflexionemos y actuemos, desde la amorosidad y solidaridad, en nuestros entornos cercanos, territorios y organizaciones con respecto a la importancia de generar redes de cuidado colectivo de la infancia y juventud para protegerlos (as) de todo  tipo de abusos.

Sí po, Amaranta aprueba una nueva constitución para Chile

 

SÍ PO

Como Amaranta ONG manifestamos nuestra postura de aprobación de una nueva Constitución Política redactada por una Convención Constitucional. En Chile la Constitución Política actual, creada en dictadura cívico-militar, bajo una visión masculina neoliberal, además de tener un origen ilegítimo, ha perpetuado la desigualdad estructural imperante en el país y que afecta, principalmente, a grupos históricamente discriminados, entre ellos las mujeres. La Carta Fundamental del año 1980 consagra precariamente derechos sociales, siendo su acceso efectivo y sin discriminación supeditado a la capacidad económica de quien quiere acceder efectivamente a estos derechos (como si se tratara de bienes de consumo), tampoco existiendo mecanismos judiciales efectivos que permitan exigir su cumplimiento.

Además, urge una Carta Fundamental que consagre derechos propios de las mujeres, y con ello una transversalización de la perspectiva de género, no solo en el catálogo de derechos fundamentales, sino a lo largo de toda la Constitución, siendo un paso importante para superar las brechas de género actualmente existentes.

Una nueva Constitución Política es necesaria, no solo por su falta de legitimidad, sino que debe sentar un piso mínimo de derechos sociales que permitan avanzar en las profundas reformas sociales, económicas y políticas que el país requiere. Esta, además, debe ser una Carta Fundamental creada por todas y todos, y no bajo cuatro paredes desde una sola visión, como ocurrió durante la dictadura cívico-militar. Una Constitución que, esta vez, incluya la voz de aquellas/os que históricamente han sido invisibilizadas/os como las mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, disidencias sexuales, migrantes, personas en situación de discapacidad, niños, niñas y juventudes (y un largo etcétera).

También esperamos que, respecto a todas las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde el 18/O, exista un verdadero proceso de justicia, verdad, reparación y no repetición.

Finalmente, y en el actual contexto, llamamos a seguir informándonos y educándonos en torno al proceso constituyente.

Equipo Amaranta

 

¿Los niños primero? Declaración ante la violencia policial contra niños, niñas y adolescentes

Noviembre de 2019, Concepción

DECLARACIÓN PÚBLICA

MESA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN TORNO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN.

Durante el año 2018, el presidente Sebastián Piñera declaró: “los niños están primero”, comprometiendo a su gobierno con un sistema reformulado para la protección de la infancia. Sin embargo, en el marco de las movilizaciones actuales de nuestro país, en lucha por derechos sociales universales y condiciones de vida dignas, el aparataje del Estado ha violado los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, reprimiendo física y psicológicamente, actuando en gran parte, desde la ilegalidad y la violencia policial.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos Regional, nos informó con fecha 01/11/2019 que en la Región del Biobío, 20 niños, niñas y adolescentes han presentado denuncias de vulneraciones por agentes del Estado. A nivel nacional, en su reporte de la misma fecha, informa un total de 475 niños, niñas y adolescentes detenidos, desde el 17/10/2019. Seguir leyendo

Ante la represión policial ocurrida esta jornada en Santiago

Durante los últimos días, hemos presenciado las evasiones ocurridas en Santiago, a raíz del alza de la tarifa del transporte público. Las diversas expresiones de descontento de las personas, son una manifestación de la precarización y privatización de los derechos sociales, realizados tanto dentro de la dictadura militar, como así también en los gobiernos concertacionistas.

Como ONG Amaranta, creemos que esta alza sólo representa la cara más cruda y ambiciosa del poder económico y de la clase política imperante, que no contempla que cerca del 70% de la población asalariada en Chile gana aproximadamente el sueldo mínimo, entonces ¿cómo podrían costear esta tarifa? Seguir leyendo

Declaración: Ante los últimos anuncios realizados por el Gobierno sobre cambios al sistema escolar

Chile es el país de la OCDE con mayor segregación socio-económica a nivel escolar, según cifras publicada en 2011. A esto, se suma la marcada mercantilización de la educación, donde niñas, niños y jóvenes optan a diferentes entidades educacionales, no en base a sus capacidades y habilidades, sino que a partir del nivel socioeconómico de sus madres y padres.

Por otro lado, la creciente tecnificación de la educación ha generado que asignaturas como Matemáticas y Lenguaje se posicionan por sobre ramos tales como Historia, Artes, Educación Física, entre otros. Lo anterior da cuenta de que no se apuesta por una educación integral del estudiantado, sino que solo se busca que obtengan herramientas básicas de formación, pero sin posicionar la reflexión, crítica ni la comprensión de su propio cuerpo.

El escenario no es casual, ya que el modelo actual no valida ni impulsa espacios en los que las personas puedan formarse críticamente, porque para este mismo modelo, no es conveniente la adopción de posiciones en el ámbito político, económico, educacional, de salud, etc. Esto se traduce en que, tras alrededor de 14 años de educación pre-escolar y escolar, una persona egrese de este sistema directo a aceptar un trabajo precarizado, flexibilizado y con bajos sueldos, sin mayor reclamo; situación que afecta especialmente a las mujeres. Seguir leyendo