Por Natalia Retamal
Estudiante en práctica de Antropología, Universidad de Concepción.
A pesar de ser una violación a los Derechos Humanos, sabemos que día a día se ejerce violencia en contra de mujeres, tanto en contextos públicos como privados. Estas violencias, que amenazan con afectar la integridad física, sexual y/o psicológica de muchas mujeres, se expresa de distintas formas e intensidades, así como también, pueden influir en distintos ámbitos de la vida de la mujer y su entorno, siendo uno de estos el de su salud sexual y reproductiva.
Salud reproductiva, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la “Condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social para la madre, el padre y los hijos/as y no solamente en ausencia de enfermedad o trastornos de dicho proceso”. Salud sexual se refiere a “Un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”.
A raíz de esto podemos concluir al menos dos cosas:
- Salud reproductiva no se refiere solo a la ausencia de complicaciones en este proceso, sino que implica una experiencia marcada por el bienestar.
- La salud sexual y la salud reproductiva no van necesariamente de la mano, ya que no toda actividad sexual conlleva a reproducción. Si bien el estado chileno ha impulsado distintas políticas, legislaciones, programas, etc. para abordar la salud sexual y reproductiva, aún hay aspectos en los que estos derechos son pasados a llevar, hiriendo así, la integridad y calidad de vida de muchas mujeres. Esta violencia se ha encontrado por mucho tiempo invisibilizada, poco documentada y mucho menos sancionada.
Sin duda, en donde se concentran muchos casos de violencia es en el periodo de embarazo y luego, durante el trabajo de parto. Que no se permita legalmente a una mujer a interrumpir su embarazo, obligándola así a cargar con un embrión-feto por 9 meses, del cual no quiere ser madre, ya es bastante violento. Sabemos que las 3 causales fueron aprobadas, pero también sabemos, que estas no cubren todos los casos de mujeres que están embarazadas y no desean estarlo. Además, si el caso de la mujer llega a estar dentro de las 3 causales, el médico/a que la esté atendiendo puede negarse a interrumpir su embarazo, obligándola a pasar por tediosos procesos; como si no fuera suficiente con el que está viviendo en su propio cuerpo.
En cuanto a las mujeres que sí desean parir, también hay complicaciones y situaciones violentas. En este país la práctica de cesáreas se ha duplicado en los últimos 50 años, yendo de un 20% en 1970 hasta el 39.8% hoy en día en hospitales públicos, según datos entregados por la Encuesta sobre el Nacimiento en Chile, realizada por el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) con 11.357 respuestas de mujeres válidamente emitidas. El estudio, además muestra, que en clínicas privadas el porcentaje de cesáreas sube a 50,8%. Michelle Sadler, académica de la U. Adolfo Ibáñez y directora de OVO, al respecto de esto argumenta que «Nos encontramos con un modelo extremadamente medicalizado, con muchas intervenciones que se practican de forma rutinaria y que no están recomendadas por la evidencia». Cabe destacar que en el tiempo que se lleva a cabo un parto natural, pueden realizar de 8 a 10 cesáreas.
En Chile, las recomendaciones de la OMS no son respetadas. Hay monitorización fetal continua en mujeres sanas, se administra oxitocina artificial y anestesia rutinariamente y realizan rotura artificial de membranas y episotomía (incisión entre la vulva y el ano). Estos procedimientos son muchas veces innecesarios y realizados sin la información correspondiente o el consentimiento de la mujer. Además, puede no respetarse el deseo de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto, en clínicas y hospitales, se prohíbe en algún momento o por todo el proceso. También les prohíben a las mujeres la ingesta de líquidos o alimentos y el contacto físico con el recién nacido por al menos media hora. Todo esto ocurre a pesar de que la mujer exprese su deseo de lo contrario –o no lo haga por desinformación u otros motivos- y a pesar de que, como se dijo, sean recomendaciones directas de la OMS.
No se puede dejar fuera el abuso verbal que sufren mujeres durante su trabajo de parto, donde los/as funcionarios/as de la salud pueden llegar a usar lenguaje grosero, sarcástico o humillante, amenazar o culpabilizar, ni tampoco el abuso físico, como cuando se usa la fuerza innecesaria y violentamente, se restringe la movilidad de la mujer en trabajo de parto, etc. Otro problema, es la discriminación que sufren mujeres en el trabajo de parto, entre las cuales están la discriminación por nivel educacional, clase, edad y etnia (no olvidar el caso de Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que el año 2016 parió engrillada a su hija Sayen y en presencia de un gendarme varón que la vigilaba).
Ante esto es necesario transformar esta situación, primero, mediante la erradicación de las imposiciones y la violencia ejercida por funcionarios/as de la salud sexual hacia mujeres en trabajo de parto y segundo, en que las mujeres que se vayan a enfrentar a este proceso tengan la información de las ventajas que tiene un parto normal –siempre y cuando no haya complicaciones de salud que simplemente no lo permitan- al compararlo con la cesárea. De esta forma, podrían tomar una posición más activa en la decisión de cómo vivir el trabajo de parto.
Así mismo, es necesaria la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que las mujeres puedan informarse y empoderarse, para así elegir lo más conveniente para su salud. De la misma forma, es necesario promover que los hombres se responsabilicen de su papel en la fertilidad/reproducción, ya que, si esto ocurre, le evitaría a las mujeres muchos problemas que al final deben vivir en carne propia por un acto realizado de a dos.
No es suficiente la promoción del respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos, estos deben ser cumplidos, la atención a la salud sexual de las mujeres debe ser con un trato digno y de calidad.
Referencias:
[2] http://www.mileschile.cl/documentos/Informe_DDSSRR_2016_Miles.pdf
ONG Amaranta- Desde concepción, Chile 