Ganar entre $20 mil y $80 mil pesos chilenos solo por acercarte a uno de los puntos donde escaneaban iris y entregar este dato biométrico. ¿Tentador, no?

En ese contexto, más de 200 mil personas en nuestro país vendieron sus datos a la empresa Worldcoin a cambio de este monto en criptomonedas. Una actividad tan polémica, que la Agencia Española de Protección de Datos ya la interrumpió en su territorio.

Pero, ¿qué tiene de peligroso entregar este dato?

Un dato biométrico único

La iris, un músculo situado dentro del ojo y que regula el tamaño de la pupila, es uno de los datos con los que las personas podemos ser identificadas, dado que cada iris es único y estructuralmente diferente.

Además, su forma es estable a lo largo de toda la vida (excepto en lesiones graves) y hasta puede revelar detalles sobre la salud y otros aspectos personales. Por lo que entregar este dato tan único y sensible a una compañía internacional de criptomonedas, para crear un documento digital, es más grave que entregar el rut y la huella digital al mismo tiempo (cosa que tampoco recomendamos).

Una empresa que lucra con tus datos

Detrás de Worldcoin está Sam Altman, el millonario empresario estadounidense fundador de OpenAI y creador de ChatGPT.

La empresa argumenta estar realizando esto para generar un documento de identidad digital que distinga a personas de los bots informáticos. El gran problema es que no sabemos lo que la empresa pueda hacer con esta información (ni siquiera en el consentimiento que firmas se habla de esto) y como toda empresa, el lucro está en su centro. 

Por lo que la información puede ser cedida a otras empresas, puede ser vendida para fines ilícitos o hasta ser transferida a países con menos regulaciones en protección de privacidad. Junto con esto, es muy difícil retirar el consentimiento inicial y hasta se captó información de jóvenes menores de edad.

Un problema de Estado

Como ONG Amaranta, hemos detectado que muchas de las personas que vendieron sus datos biométricos del iris a cambio de criptomonedas, son mujeres empobrecidas y/o precarizadas.

Estas personas, en su necesidad por conseguir dinero extra para sus necesidades, no pueden sentarse a tomar una información informada y realmente voluntaria. Su consentimiento está sesgado y coartado por su situación socioeconómica y/o desconocimiento del tema.

En ese contexto, no basta con advertirles a las personas que no lo hagan o sus peligros: los Estados deben posicionarse contra empresas como esta con leyes adecuadas de protección de datos, como también levantando políticas públicas que aborden la pobreza y precariedad y que alfabeticen en torno a tecnologías con perspectiva de derechos humanos.

Por Cecilia Ananías de la equipa de Tecnología y Género de ONG Amaranta